EL PODER JUDICIAL

El diario La Vanguardia aparecía hoy con el siguiente titular a toda página: “Los jueces copan la política como en la última etapa de González”. Por su parte, el portavoz del Consejo del Poder Judicial y vocal de la mayoría conservadora, Don Enrique López, explicaba hoy en un medio de comunicación la “declaración institucional del Consejo General del Poder Judicial”, en la que reclama “el cese inmediato de cualesquiera campañas, manifestaciones o declaraciones que pretendan hostigar y deslegitimar a los Jueces y Magistrados que administran Justicia en la Comunidad Autónoma Vasca, y con ello al Poder Judicial en su conjunto.
Todo lo indicado lo es, por supuesto, con pleno respeto al ejercicio legítimo, aunque no absolutamente ilimitado, de derechos constitucionales esenciales para la democracia como son el de expresión y manifestación”.
En principio parece que es bastante acertada esta reclamación, que esperamos sea asumida y aplicada por todos los actores de la vida social y política de este país. Dicha reclamación se hace después de que el Partido Nacionalista Vasco sacara a la calle a unas 45.000 personas en apoyo al Lehendakari, que hoy ha tenido que presentarse ante el juez para declarar por la causa abierta con motivo de su entrevista con los dirigentes del entorno de la banda terrorista.
Lo lamentable es que esta reclamación no se hiciera mucho antes, años antes, para evitar que periodistas, tertulianos, columnistas, políticos, etc., hayan estado hostigando como lo han hecho al Poder Judicial durante toda la legislatura. Este hostigamiento ha sido práctica habitual cada vez que una sentencia o resolución judicial no era bien recibida, pero, sobre todo, se ha producido con mayor virulencia antes de que el Poder Judicial tomara una decisión. Así, cabe destacar, entre otros, los revuelos organizados entorno a la decisión que la judicatura debía adoptar con el terrorista De Juana, y, especialmente, con toda la instrucción del sumario por el atentado del once de marzo de dos mil cuatro.
Estas maneras tan dispares de adoptar decisiones se presentan ante la opinión pública como incoherentes. Insisto, no parece incoherente la reclamación en sí, sino el momento en que se hace, en comparación con otros momentos. No voy a quitar valor a la presión que estén recibiendo los jueces en el País Vasco como consecuencia de la declaración del Lehendakari, pero también creo que si alguien ha sido presionado durante estos últimos años ha sido el juez Sr. Del Olmo, y no sólo ya desde los medios de comunicación, sino desde la calle, y muchas veces.
El otro asunto, en relación con el titular de La Vanguardia, fue explicado con el Sr. Portavoz del Consejo General del Poder Judicial, argumentando que los jueces no buscan los asuntos en los que intervienen. De modo que los temas tratados por el Poder Judicial en la última etapa de González: corrupción, GAL, directora del BOE, etc., no eran buscados por ellos, como no lo son ahora: declaración del Lehendakari, caso De Juana, etc.
Sin embargo, esta explicación parece ir en contra de otras actuaciones de Consejo, en las que ha emitido informes a iniciativa propia, como el formulado en relación al Estatuto de Cataluña o al matrimonio entre personas del mismo sexo. Seguramente, el Sr. Portavoz tiene toda la razón del mundo, pero para un leguleyo como yo resulta algo discordante el hecho aparente de que en determinados casos no se busquen los asuntos a tratar por los jueces, sino que les llegan porque les son asignados, y en otros asuntos tomen la iniciativa.
En todo caso, sí dejó claro el Sr. López que los jueces no intervienen en política, y que, a pesar de que cada juez tiene su ideología, el mejor juez, el más preparado, es aquel que se abstrae de su ideología cuando dicta sentencias, que deben ser técnicas y guiadas sólo por el estricto cumplimiento de la legalidad.