LOS MITOS DE LA JUSTICIA

A la juventud se le enseña en las aulas la diferencia entre los tres poderes del Estado, haciendo hincapié en la independencia del Poder Judicial y la igualdad de todos ante los tribunales de justicia. Semejante subrayado suele provocar reacciones contrarias, dando lugar a un “debate” entre el docente y el alumnado, puesto que éstos no creen en tales principios. Normalmente se refieren a la evidencia de que quien dispone de suficientes recursos económicos goza de ventajas ante los tribunales: tiene acceso a buenos abogados que, previo pago de altas minutas, trabajarán bien en su defensa, frente a quienes tienen que conformarse con los letrados de oficio por no disponer de recursos, que no es que sean peores, sólo que tienen menos tiempo para su cliente. Eso explica que muchos poderosos reciban condenas muy benévolas en relación con los delitos de los que se les acusa, mientras que los menos favorecidos económicamente sufren las condenas más rigurosas.
Así comienza de derrumbarse el primer mito de la Justicia: no somos iguales ante ella porque no partimos de la misma situación, y eso es determinante.
Pero el mito cae definitivamente cuando la ciudadanía no entiende que ante delitos semejantes se actúe siempre contra los más débiles y no se entiendan como igualmente graves los actos similares pero cometidos por quienes tienen poder, bien sea político, económico, social, etc.
De modo que no parecen ajustarse a los hechos quienes defienden como dogma de fe este principio básico de la justicia: todos somos iguales ante ella. Seguro que se nos viene a la cabeza alguna de esas declaraciones de los portavoces judiciales esforzándose por hacernos creer lo que demasiadas evidencias contradicen.
El segundo gran mito de la Justicia es que goza de independencia. En este sentido, podemos volver a la imagen anterior y señalar que en esas declaraciones que se nos vienen a la memoria vemos un rótulo en la pantalla en el que se nos hace saber que ese portavoz representa a una mayoría conservadora o progresista, lo mismo da, que, a su vez, tiene correlación con las diferentes sensibilidades políticas: conservadores y progresistas. ¿Y la independencia dónde quedó?
No nos engañemos más y, sobre todo, no pretendan seguir engañándonos con esa independencia. El hecho mismo de que un juez pueda ser recusado, muestra claramente la debilidad de la premisa según la cual los jueces son independientes, e imparciales.
Ahora estamos viviendo el máximo exponente de la falsedad en el seno del órgano judicial más importante: el Tribunal Constitucional. Las batallas intestinas entre conservadores y progresistas, respaldadas y alentadas por partidos políticos y medios de comunicación, parecen llevar a los límites la estabilidad del sistema.
Semejante irresponsabilidad no es nueva en la historia reciente de este país, puesto que todos recordamos lo siguiente: “«Había que terminar con Felipe González, ésa era la cuestión. Al subir el listón de la crítica se llegó a tal extremo que en muchos momentos se rozó la estabilidad del propio Estado. Eso es verdad. Tenía razón González cuando denunció ese peligro..., pero era la única forma de sacarlo de ahí», afirma Luis María Anson, ex director del periódico Abc y actual presidente de Televisa-España, en la entrevista concedida a la revista semanal Tiempo y publicada ayer. Su autor, Santiago Belloch, asegura que Anson, que corrigió las pruebas, le felicitó y le dijo que había recogido «el ciento por ciento de la letra y del espíritu» de la conversación.” (Martes, 17 de febrero de 1998).
Lamentablemente parece que las estrategias no cambian y cada cual sigue en su papel: los conspiradores haciendo de las suyas, los que los alientan, los que los incitan, los autores intelectuales de la trama conspiradora, los que se prestan a la conspiración, los que desestabilizan para conseguir el poder. Y lo que es peor: todos siguen gozando de un aparente prestigio social, elevado y respetado. Los “príncipes” son así.
Todo muy decepcionante, sí, pero encontramos el “maquiavelismo” en estado puro.