RELATIVISMO SOCIAL

Una noticia con escasa repercusión llama mi atención: El Señor presidente de la Confederación Canaria de Empresarios denuncia, durante su discurso en un foro sobre economía y empleo organizado por el Partido Popular, la intervención feroz de la política en la empresa y la inseguridad jurídica para los negocios. Y está hablando de este país y de esta comunidad autónoma, no está hablando de Bolivia ni de Cuba.
El relativismo nos da estos sustos, cuando la inmensa mayoría de los ciudadanos/as sentimos que las cosas son justo al revés, resulta que estamos todos muy equivocados. No es que “la empresa” intervenga permanentemente en la política, sino que “los políticos” intervienen demasiado en el ámbito empresarial hasta el extremo de crear inseguridad jurídica.
Con lo que está cayendo estos días, en los que no cesa la cascada de denuncias relativas a personas relacionadas con el mundo empresarial, y de la política, que han creado tanta riqueza que son incapaces de justificar, resulta que es “imposible crear riqueza”. Claro, seguramente el Señor Presidente se refiere a “crear riqueza” para toda la ciudadanía.
Si fuera así, y nos planteáramos un desarrollo sostenible para que toda la ciudadanía, ésta y la que llegará a vivir en esta tierra, disfrutara de la mayor riqueza posible, de toda la riqueza que seamos capaces de generar para el mejor vivir de los nuestros, entonces sí. Pero todos somos conscientes que no es razonable, y mucho menos desde parámetros empresariales, agotar las riquezas, bien sean las naturales o las de la cuenta corriente. Por eso la moratoria tiene cierto sentido, sentido común, sentido ciudadano, sentido para compaginar el presente y el futuro; es decir, sentido empresarial.
Sin embargo, hay dos puntos de su discurso que me parecen muy atinados y que comparto: uno es la crítica al dirigismo político sectario y el otro es la recomendación para que la clase política sólo ejerza labor política (y los empresarios, labor empresarial; y los religiosos, labor espiritual, etc., se supone).
Me parecen dos evidencias indiscutibles. El sectarismo es incompatible con el sentido de Estado, con cualquier principio de gobierno, que desacredita desde el punto de vista democrático a cualquiera que lo practique. Por eso debe ser denunciado, puesto que no se puede poner una institución al servicio de un sector de la sociedad.
El segundo punto está aún más claro. Estamos en un sistema democrático, en el que el Estado está dividido en sus tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Ninguno de los tres puede invadir al otro, ni tampoco es de recibo que alguno de ellos se deje influenciar por grupos sociales que formalmente no componen alguno de estos tres poderes. Es decir, por poner un ejemplo, no es recomendable, ni admisible, que el poder legislativo esté coaccionado por otros intereses que no sea el general de la ciudadanía. Por ello, los políticos, representantes de los ciudadanos en las instituciones públicas, deben ejercer sólo la labor política, pensando en el interés de la mayoría, sin dejarse influenciar por los poderes fácticos, cualquiera que sea el que lo intente de todos los que ahora mismo tienen relevancia en esta sociedad.
Por último, el Señor Presidente de la CCE rogó que la sociedad, y los políticos, modifiquen su apreciación de la clase empresarial, para dejar de verla como un grupo de elementos no recomendables, y aparezcan como “cumplidores de lo que el entramado social les permite”. Efectivamente, eso debe ser así, y en ese deseo de mejorar la imagen del otro también debemos incluir a demasiados elementos del mundo empresarial, que transmiten la autentica imagen de individuos poco recomendables y que muy rara vez reciben la más enérgica condena del empresariado recomendable.
Y nada más, que les vemos como cumplidores de lo que la sociedad les permite, muy cumplidores, pero sólo de lo que les permite. Como Aristóteles: las cosas en su justo término.