TODOS/AS MERECEMOS UN TRATO DIGNO
Al inicio de la campaña electoral para elegir presidente/a de la Generalitat catalana, el candidato de la derecha y otros líderes nacionales de su partido fueron zarandeados al entrar en el recinto donde estaban convocados para un mitin, en Martorell. A raíz de los hechos, un dirigente de las juventudes socialistas catalanas fue cesado y expulsado del partido por tener relación, indirecta parece (estaba allí), con los acontecimientos.
Días más tarde, el antiguo ministro del interior con el gobierno de la dictadura, después presidente del gobierno autónomo gallego, y ahora senador, fue abucheado en la Universidad de Granada al inicio de un acto que se vio interrumpido y que, después de la intervención de los servicios de seguridad de la Universidad, pudo celebrarse en otra sala de la propia institución.
Una situación parecida se recuerda cuando el ex líder de un partido de izquierdas, que a la postre es considerado por todos como una pieza clave de la transición democrática española, ha visto también interrumpidos diversos actos en universidades y librerías cuando se pretendía presentar un libro, o que le nombraran doctor honoris causa.
Los hechos de Martorell y Granada han dado lugar a que el Senado se manifieste formalmente en contra de estos actos, que se consideran graves porque atentan contra los principios básicos de la democracia.
Lo que no recuerdo es si el Senado también se manifestó, formalmente, en contra de estas prácticas cuando los afectados no eran los líderes de la derecha; o el Senado sólo se pronuncia si los abucheados/zarandeados son políticos en activo, o es que este pronunciamiento se hace porque uno de los increpados mantiene su condición de senador.
En cualquier caso, si se pretende preservar las reglas del juego democrático, estos pronunciamientos oficiales hay que hacerlos en todas las circunstancias, sea quien sea la persona que, con cierta relevancia política, sufre la violencia verbal y/o física. Y esta es la imagen que hay que trasmitir a los ciudadanos, de educación, de respeto y de auténtico compromiso con las reglas del juego democrático.
Por otro lado, si grave y lamentable es que a las personas se les intente agredir por defender sus ideas, mucho más grave es que se les llegue a asesinar por defender unas ideas. Esto último también ha pasado en este país a lo largo de mucho tiempo, durante los oscuros años de la dictadura. Parece inadmisible que se sumen a esta declaración de condena en el Senado y no se muestren favorables a que todas las víctimas de aquellos asesinatos cometidos por el dictador no tengan el reconocimiento merecido y un entierro digno.
Hay que ser de una madera especial para apoyar en el Senado esta declaración en defensa de las reglas del juego democrático, y luego dirigir, y mantener, la mirada a los hijos e hijas de aquellas víctimas y decirles que no se les apoya en ese deseo de reconocer la memoria de sus padres y colocarlos dignamente en el lugar que se merecen.
¿Y ello por qué? Pues porque se considera suficiente el acto de “todos olvidamos”, hecho en el momento de la transición a la democracia, y porque se estima que esos actos de reconocimiento de la víctimas de la dictadura pueden generar situaciones de violencia social y política.
Pues bien, cuando las familias de la víctimas insisten en que no desean romper el “pacto” que dio lugar a esta transición modélica, y en que lo único que quieren es restablecer la memoria de quienes murieron por defender sus ideas y darles un entierro digno, el resto de los ciudadanos no pueden hacer otra cosa sino apoyarlos en sus deseos, y advertir a los posibles exaltados, violentos, revanchistas, etc., que esta ciudadanía democrática no se lo va a permitir. Porque no se puede seguir exigiéndole a los hijos de las víctimas de la dictadura que tienen que continuar olvidando y viviendo con esta indignidad por miedo a que los violentos aprovechen la ocasión para montar sus numeritos. Esta postura es inaceptable, en mucha mayor medida que es de inadmisible las prácticas sufridas por los líderes de la derecha.
Días más tarde, el antiguo ministro del interior con el gobierno de la dictadura, después presidente del gobierno autónomo gallego, y ahora senador, fue abucheado en la Universidad de Granada al inicio de un acto que se vio interrumpido y que, después de la intervención de los servicios de seguridad de la Universidad, pudo celebrarse en otra sala de la propia institución.
Una situación parecida se recuerda cuando el ex líder de un partido de izquierdas, que a la postre es considerado por todos como una pieza clave de la transición democrática española, ha visto también interrumpidos diversos actos en universidades y librerías cuando se pretendía presentar un libro, o que le nombraran doctor honoris causa.
Los hechos de Martorell y Granada han dado lugar a que el Senado se manifieste formalmente en contra de estos actos, que se consideran graves porque atentan contra los principios básicos de la democracia.
Lo que no recuerdo es si el Senado también se manifestó, formalmente, en contra de estas prácticas cuando los afectados no eran los líderes de la derecha; o el Senado sólo se pronuncia si los abucheados/zarandeados son políticos en activo, o es que este pronunciamiento se hace porque uno de los increpados mantiene su condición de senador.
En cualquier caso, si se pretende preservar las reglas del juego democrático, estos pronunciamientos oficiales hay que hacerlos en todas las circunstancias, sea quien sea la persona que, con cierta relevancia política, sufre la violencia verbal y/o física. Y esta es la imagen que hay que trasmitir a los ciudadanos, de educación, de respeto y de auténtico compromiso con las reglas del juego democrático.
Por otro lado, si grave y lamentable es que a las personas se les intente agredir por defender sus ideas, mucho más grave es que se les llegue a asesinar por defender unas ideas. Esto último también ha pasado en este país a lo largo de mucho tiempo, durante los oscuros años de la dictadura. Parece inadmisible que se sumen a esta declaración de condena en el Senado y no se muestren favorables a que todas las víctimas de aquellos asesinatos cometidos por el dictador no tengan el reconocimiento merecido y un entierro digno.
Hay que ser de una madera especial para apoyar en el Senado esta declaración en defensa de las reglas del juego democrático, y luego dirigir, y mantener, la mirada a los hijos e hijas de aquellas víctimas y decirles que no se les apoya en ese deseo de reconocer la memoria de sus padres y colocarlos dignamente en el lugar que se merecen.
¿Y ello por qué? Pues porque se considera suficiente el acto de “todos olvidamos”, hecho en el momento de la transición a la democracia, y porque se estima que esos actos de reconocimiento de la víctimas de la dictadura pueden generar situaciones de violencia social y política.
Pues bien, cuando las familias de la víctimas insisten en que no desean romper el “pacto” que dio lugar a esta transición modélica, y en que lo único que quieren es restablecer la memoria de quienes murieron por defender sus ideas y darles un entierro digno, el resto de los ciudadanos no pueden hacer otra cosa sino apoyarlos en sus deseos, y advertir a los posibles exaltados, violentos, revanchistas, etc., que esta ciudadanía democrática no se lo va a permitir. Porque no se puede seguir exigiéndole a los hijos de las víctimas de la dictadura que tienen que continuar olvidando y viviendo con esta indignidad por miedo a que los violentos aprovechen la ocasión para montar sus numeritos. Esta postura es inaceptable, en mucha mayor medida que es de inadmisible las prácticas sufridas por los líderes de la derecha.
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