AFORADOS Y PRIVILEGIADOS

Si en algo nos insisten con frecuencia en este Estado de Derecho es en el artículo catorce de la Constitución Española, que dice: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Todos sabemos que no es así, y cada cual puede exponer varios casos en los que esta igualdad ante la ley no existe.
Si la discriminación se diera por razones de raza sexo o religión, los loros mediáticos no pararían hasta acabar con semejante injusticia, pero cuando la discriminación se da por circunstancias personales, entonces callan o atacan al contrario.
Si de algo se habla durante estos últimos meses en este país es de corrupción, relacionada con los ayuntamientos y con las empresas del sector de la construcción. Al respecto, tres asuntos siguen en primera página de los medios:
1º.- Desde su detención se insinuaba que el alcalde de Andratx, en Baleares, había recibido un chivatazo horas antes de su detención advirtiéndole del hecho, lo que le permitió destruir pruebas determinantes para la investigación judicial. Pues bien, hoy los medios publican que fue el Consejero de Interior del Gobierno balear, y secretario general del Partido Popular en esa comunidad autónoma, quien le telefoneó para advertirlo de la investigación. El hecho implica de lleno al Partido Popular en Baleares y, por extensión, al partido a nivel nacional.
2º.- El nuevo responsable del Partido Popular en Telde, Gran Canaria, ha sido detenido hoy en relación con la operación Faycán, por presunta malversación de caudales públicos y revelación de secretos. Don José Luis Sánchez González fue nombrado presidente del Partido Popular de Telde el pasado veinticuatro de noviembre, en sustitución de la anterior responsable del partido, Doña María del Carmen Castellano, presuntamente implicada también en la misma trama. El Sr. Sánchez González es el tercer presidente del Partido Popular que ha sido detenido en Telde por presuntas relaciones con el caso Faycán, y desde el pasado jueves ocupaba el cargo de director de gobierno del área de Servicios Sociales, Aguas, Saneamiento y Solidaridad en el Ayuntamiento. El hecho obligará a los responsables del partido en la Comunidad y a nivel nacional a intervenir o a mirar para otro lado calumniando.
3º.- El asunto se complica algo para el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Don Miguel Zerolo, de Coalición Canaria, pues parece que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Parlamento de Canarias que acredite la condición de aforado del Sr. Zerolo, quien, además de alcalde, es diputado autonómico. Al Sr. Zerolo se le relaciona de manera indiciaria con dos casos de presunta corrupción: el de Las Teresitas y el relacionado con Forum Filatélico.
Ante este último hecho, el núcleo duro de Coalición Canaria de Tenerife ha cerrado filas con el alcalde, y aunque en un principio se pensaba que no repetiría como candidato a la reelección después de tres legislaturas, todo parece indicar que sí lo hará, no sólo aspirando como alcalde a la capital chicharrera sino que Coalición Canaria le garantiza un puesto alto en las listas al Parlamento autonómico para asegurarle su condición de aforado.
Esta es la enorme desgracia, la gran mentira: no somos iguales ante la ley. Sólo el hecho de hacer uso de estos beneficios exclusivos que la ley concede a determinados privilegiados, ya les coloca ante la opinión pública como culpables. Culpables.
Lo que tienen que hacer los partidos políticos y los medios de comunicación es actuar con contundencia en todos estos casos, no lo que están haciendo. Ya no se puede seguir encubriendo más a esta gente, y lo que tienen que hacer, si tanto creen en su inocencia, es permitir que la ley los trate, los investigue, como a cualquier ciudadano/a, en lugar de ir proclamando su inocencia en las ruedas de prensa, al mismo tiempo que se escudan en su condición de aforado.
La otra estrategia, la de atacar al rival político, o la de desviar el foco del ojo público a otro lado, es tan falaz como repugnante y rechazable. Es vergonzoso ver como se reclama el derecho a la presunción de inocencia de los que presuntamente están implicados en casos de corrupción, en lugar de exigirles que se aclaren todos los extremos de su actuación pública dejándose investigar para despejar dudas, como reclaman, al mismo tiempo que se dedican a calumniar y ofender a un gran número de honradas personas con la intención de proteger a sus valedores.