LOS CONSUMIDORES

El Congreso ha aprobado hoy la Ley de Protección a los Consumidores, con la que pretende hacer desaparecer algunas prácticas abusivas de determinadas empresas que cobran al consumidor por servicios no prestados. Con ella se espera que nos podamos dar de baja de cualquier servicio contratado con la misma facilidad que nos dimos de alta, que los cobros en los aparcamientos sean por minutos y en la telefonía móvil sea por segundos, prohibiendo así los redondeos al alza, que exista más protección a la hora de comprar una vivienda, o que estén personalizados los teléfonos de atención al cliente, en lugar de los contestadores automáticos.
Paradójicamente, la ley se aprueba una semana después de que una empresa privada, Air Madrid, haya generado uno de los mayores conflictos de los últimos tiempos, al dejar sin posibilidades de volar a un elevado número de clientes que había comprado sus billetes para estas fechas.
Recordemos que a la compañía se le retiró la licencia para volar después de que los inspectores lo recomendaran al estimar, como técnicos, que no se subsanaban determinadas no conformidades imprescindibles para que los aviones de Air Madrid siguieran volando. De modo que cuando los inspectores creyeron que se podía poner en riesgo la seguridad de los pasajeros, decidieron iniciar el procedimiento que terminó con la retirada de la licencia.
El hecho, de por sí, es de mucha trascendencia. Es una medida extrema y excepcional, cuyas consecuencias ya eran previsibles. La más impactante es la que ha afectado a miles de ciudadanos que se han visto abandonados en los aeropuertos sin poder volar ni volver a sus domicilios, además, en unas fechas como son éstas. La situación ha contado con el agravante que Air Madrid es un compañía de vuelo "de bajo coste" que operaba preferentemente entre España y los países suramericanos o Rumanía, por lo que la gran mayoría de quienes se han visto afectados son inmigrantes que han hecho grandes sacrificios para comprar el billete y que llevan muchísimo tiempo sin volver con sus familias.
A todas estas, todos señalan a la compañía como primera responsable en este conflicto, pero sus gestores no han dado la cara aún y no han explicado de qué manera le van a devolver el dinero a estas personas a las que se les cobró por un servicio que no se les prestó. De momento, todos los cachetones se los está llevando la Ministra de Fomento, competente en materia de aviación civil, por el tema de la licencia de vuelo (si se le debió retirar antes, o no) y por las medidas tomadas para subsanar parte del desaguisado que la compañía generó (el Ministerio ha fletado aviones para suplir a los de Air Madrid que no han podido volar y conseguir así que un 20% de los viajeros afectado haya podido volar).
El tema tiene otro matiz importante. Con cierta frecuencia oímos a un colectivo determinado de empresarios, políticos, periodistas, etc., quejarse del excesivo intervencionismo de la Administración en los asuntos de las empresas privadas; sin embargo, cuando pasan cosas tan desagradables como esta, los oímos criticar al Gobierno por lo contrario, Así, afirman que no se debió renovar la licencia, o que se le debió retirar con antelación, e incluso apuntan a que la tarea de inspección no ha sido muy exhaustiva, por lo que hubo riesgo para los pasajeros.
Creo que el Gobierno no ha estado sobrado de reflejos a la hora de tomar medidas que facilitaran a los afectados volar, porque al mismo tiempo que se le comunicaba a la empresa la suspensión de la licencia para volar se debió poner en marcha un dispositivo más eficaz que el que se puso, que no evitó el penoso espectáculo que hemos visto en los aeropuertos. Además, el Gobierno debe intensificar las medidas de inspección a las empresas, para que cumplan escrupulosamente con toda la legislación que les afecte y desterrar así cualquier práctica que conlleve malos tratos a los usuarios y consumidores.
En cualquier caso, la presión social y mediática debe volver sobre los responsables de la compañía, para que den la cara y expliquen lo que han hecho y piensan hacer para resarcir a estos consumidores y usuarios.