LA REBELDÍA DE LOS CASPOSOS

En el tiempo que llevamos de la actual legislatura parece haber una constante en la oposición social, mediática y política que representa el Partido Popular, ésta es tomar las calles para manifestarse en contra del gobierno y sugerir la desobediencia civil con aquellos temas en los que no están de acuerdo, aunque sean aprobados democráticamente, bien con leyes o con acuerdos y resoluciones.
Respecto a los primeros, sólo cabe recordar todas las manifestaciones convocadas en estos dos últimos años para mostrar su oposición a la política antiterrorista del gobierno, (mientras que no se convoca manifestación alguna contra los terroristas), contra algunas de las leyes “sociales” aprobadas en el Parlamento o contra la política territorial y los estatutos autonómicos. A todos los asuntos a los que la oposición se ha manifestado contraria les ha dado un tinte catastrofista; así, insisten en que es evidente la rendición del Estado de Derecho ante los terroristas, la degeneración social en la que entraremos por los matrimonios entre personas del mismo sexo, o la inevitable ruptura de España por la aprobación de algunos estatutos de autonomía. De momento, nada de eso se ha cumplido y, en ese sentido, la vida continúa igual.
Por lo que al hecho de sugerir la desobediencia civil se refiere, se inició hace algún tiempo con el asunto de la Historia que se debe explicar en los colegios e institutos, llegando a sugerir no acatar las leyes democráticas y legislar según su criterio en las autonomías donde el entorno del PP controla el poder político. Eso sí, si lo hicieran otras autonomías en el sentido contrario al de ellos, son los primeros en obligar al Gobierno a que cumpla con su deber de hacer que todos respetan el ordenamiento jurídico democrático.
Después de esto, ha seguido toda una cascada de proposiciones que invitan al incumplimiento y a la desobediencia; en este sentido, cabe recordar la hecha a sus alcaldes para que no oficien bodas entre personas del mismo sexo, sugerencias hechas a la propia judicatura en el mismo sentido, lo que ha acarreado la apertura de algún expediente a determinada jueza, o el asunto relacionado con la Educación y las leyes democráticas que la regulan.
Este tema de la Educación está siendo muy recurrente, viendo como los debates de cada reforma legislativa se centran en el asunto religioso, obviando todos los demás, tan importantes o más que éste. Y de nuevo aparece la misma propuesta “si la implantación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía supone una grave invasión de un derecho fundamental de los padres y no se cuida este derecho, está justificada la objeción de conciencia” e incluso “la desobediencia civil”. Es esto lo que ha declarado Monseñor Javier Martínez, arzobispo de Granada, quien se ha unido a la solicitud que hizo el cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Toledo y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), durante el 34 Congreso Nacional de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) que se está celebrando en Ganada.
Por otro lado, “Educación para la Ciudadanía” es una asignatura que la gran mayoría de países europeos ya ha incluido en sus planes de estudio para la educación secundaria, y cuyos objetivos son los que figuran en el borrador que la Ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera, ha estado discutiendo con más de una veintena de organizaciones sociales.
Esta permanente invitación a la desobediencia civil, en lugar recurrir a los procedimientos establecidos en los sistemas democráticos cuando se cree que no se respetan los derechos de las personas, parece salirse del marco democrático del Estado de Derecho y adentrarse en por unos derroteros nada deseables. Quizá porque cree el ladrón que todos son de su condición.